A los empresarios nos llueven recomendaciones y consejos en todos los ámbitos de nuestra vida diaria; desde la consulta de un profesional economista, graduado social o abogado, una interpretación de una noticia de televisión, una recomendación de un conocido en el bar o incluso la desinteresada sugerencia de nuestro peluquero / a.

Todo ello, no nos queda más remedio que ordenarlo, interiorizar y adaptarlo a nuestro estilo de dirección.

Esto no tiene nada de malo, si no fuera porque las decisiones que tomamos, única y exclusivamente, las difundiremos o sufriremos nosotros, lo que no hay que olvidar en este lío de información y dudas sobre qué criterio seguir o qué decisión tomar.

Ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 11 de junio de 2015, la Orden ECC/1087/2015, de 5 de junio, por la que se regula la obtención del sello de Pequeña y Mediana Empresa Innovadora y se crea y regula el funcionamiento del Registro público de la Pequeña y Mediana Empresa Innovadora, por parte del Ministerio de Economía y Competitividad.

El Registro Público de PYMES innovadoras dependiente de la Dirección General de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía y Competitividad es de carácter gratuito para las empresas y la solicitud de inclusión y funcionamiento deberá hacerse íntegramente mediante medios telemáticos con un sistema de firma electrónica avanzada.

Mediante esta orden ministerial se desarrolla lo previsto en el Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador, que define en su artículo 6.2 los criterios para considerar una PYME innovadora.

¿De dónde venimos?
La reforma penal del año 2010, introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión por parte de sus administradores, directivos o empleados, de unos delitos concretos relacionados con la empresa (en la esfera económica, por ejemplo, estafa, insolvencias punibles, delitos informáticos, delitos contra el mercado y consumidores, contra la salud pública, contra hacienda y seguridad social, blanqueo de capitales, contra la ordenación territorial y del medio ambiente, falsedades, etc).
Así pues, si se cometiera uno de los anteriores delitos dentro de una empresa, se acumularía la responsabilidad del autor del delito (persona física) con la responsabilidad de la empresa en la que se ha cometido el delito en beneficio de la misma.