Los socios de una sociedad limitada suelen firmar un pacto de socios o un protocolo familiar para regular la transmisión de participaciones, las decisiones o la salida de la sociedad.
El problema es que ese pacto tiene un alcance limitado.
Por eso muchas empresas se preguntan qué debe constar en los estatutos para que sea exigible a quienes entren después.
La herramienta que habitualmente se usa para estas situaciones es el pacto de socios, que en los últimos tiempos se ha consolidado como un instrumento esencial para regular las relaciones internas de una sociedad, estableciendo normas de funcionamiento que van más allá de los pactos estatutarios.
La respuesta pasa por una figura concreta: la prestación accesoria.
Para conseguir que un pacto de socios deje de ser un mero contrato privado (que solo vincula a los firmantes originales) y sea plenamente exigible a los futuros socios, la vía legal idónea en España consiste en configurar su cumplimiento como una prestación accesoria en los estatutos sociales.
De acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y la doctrina consolidada de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP), para que esta cláusula estatutaria sea perfectamente válida e inscribible en el Registro Mercantil, debe constar lo siguiente:
1. Identificación precisa del pacto (Sin necesidad de transcribirlo)
No es obligatorio copiar íntegramente las cláusulas del pacto de socios en los estatutos, lo que permite mantener la confidencialidad de los acuerdos comerciales frente a terceros.
Sin embargo, debe reseñarse con absoluta precisión la escritura pública en la que se formalizó dicho pacto.
En los estatutos debe figurar claramente:
• El objeto de la prestación: la obligación del socio de "suscribir y cumplir fielmente las disposiciones" de dicho pacto.
• Los datos notariales: la fecha del otorgamiento, el nombre del notario autorizante y su número de protocolo.
Nota: Remitirse de forma imprecisa o referenciar un documento meramente privado provocará que el registrador deniegue la inscripción.
2. Régimen de retribución y acciones vinculadas
Los estatutos deben explicitar los rasgos exigidos por la Ley para cualquier prestación accesoria:
• Carácter gratuito o retribuido: Debe constar de forma expresa si cumplir con ese pacto genera algún tipo de compensación económica por parte de la sociedad o si se realiza de forma gratuita (lo más habitual).
• Participaciones vinculadas: Se debe determinar si la obligación afecta a todos los socios de la sociedad o únicamente a los titulares de determinadas participaciones o clases de participaciones.
3. Consecuencias y penalizaciones por incumplimiento
Para que la exigibilidad sea real y disuasoria, se deben incorporar los mecanismos sancionadores en el texto estatutario:
• Cláusulas penales: Indemnizaciones o penalizaciones económicas específicas asociadas al incumplimiento.
• Causa estatutaria de exclusión: Debe constar explícitamente que el incumplimiento del pacto de socios (configurado como prestación accesoria) facultará a la sociedad a iniciar la exclusión del socio incumplidor, una vía de castigo puramente societaria amparada por los artículos 89.2 y 350 de la LSC.
¿Por qué funciona este método con los nuevos socios?
Al estar la obligación ligada a las participaciones en los estatutos inscritos, cualquier tercero que adquiera las acciones o participaciones en el futuro queda automáticamente obligado a cumplir el pacto parasocial por el simple hecho de convertirse en socio.
El nuevo comprador no podrá alegar ignorancia: al estar inscrito el artículo en el Registro Mercantil, recae sobre él el deber de solicitar al vendedor una copia de la escritura pública del pacto antes de realizar la compra.
Qué dice la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
La Resolución de 10 de junio de 2026 resolvió el recurso contra la negativa de un registrador mercantil de Sevilla a inscribir un artículo estatutario.
La cláusula imponía a todos los socios la prestación accesoria, gratuita, de suscribir y cumplir el pacto recogido en una escritura pública identificada con su notario, fecha y número de protocolo.
Su incumplimiento, voluntario o involuntario, permitía a la sociedad excluir al socio, previo acuerdo de la junta general.
El registrador suspendió la inscripción porque, a su juicio, el contenido de la prestación no constaba de forma concreta y determinada.
La Dirección General revocó esa calificación con varios argumentos:
• No hace falta transcribir el pacto entero en los estatutos. Basta con que la obligación esté objetivamente identificada y sea determinable, sin necesidad de un nuevo convenio y sin depender del arbitrio de una de las partes.
• El contenido puede conocerse. Al constar en una escritura pública reseñada en los estatutos, lo conocen tanto los socios actuales como quienes pretendan adquirir participaciones.
• El pacto no tiene que publicarse en el Registro Mercantil. La publicidad de los protocolos familiares prevista en el Real Decreto 171/2007 es voluntaria y tiene valor de mera publicidad noticia.
• Quien quiera entrar en la sociedad puede protegerse. Le basta condicionar la operación a que el vendedor le informe del contenido del pacto.
Este criterio ya aparecía en resoluciones anteriores, como las de 26 de junio de 2018, 11 de octubre y 29 de noviembre de 2024 y 3 de junio de 2026, y se ve reforzado por el artículo 11.2 de la Ley 28/2022 de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.
Conviene no sobrevalorar su alcance.
La resolución solo decide si puede ser objeto de prestación accesoria suscribir y cumplir un pacto identificado en escritura pública; no se pronuncia sobre la eficacia societaria de su contenido.
Y exige identificar la escritura con precisión: una referencia imprecisa, o a un documento no público, puede acabar en suspensión de la inscripción.
“Una forma molt personal d’entendre les empreses i els emprenedors”
Llav@neres
Assessoria i Gestió
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