Los cambios que planea el Gobierno en el sistema de pensiones.
El texto que trabaja el Ejecutivo promete a Bruselas contener el gasto futuro de la Seguridad Social al pasar de 25 a 35 años el periodo de cómputo de las prestaciones futuras.
El sistema de la Seguridad Social acumula déficits desde 2011 y en los últimos años esos números rojos superan los 15.000 millones de euros al año por la insuficiencia de ingresos por cotizaciones, provocada por la destrucción de empleo de la crisis anterior y la tardanza en recuperarlo, y por la incorporación de pensionistas con prestaciones más altas.
Y las autoridades comunitarias exigen una reforma para contener este agujero antes de que empiece a jubilarse la generación del “baby boom”, a partir de 2023, que podría empeorar el cuadro clínico de las pensiones.
Se endurecerán las condiciones para adelantar la jubilación, se incrementará el período de cálculo de cotización y los autónomos comenzarán a cotizar en función de sus ingresos.El impacto de la pandemia en nuestras vidas también llegará a las jubilaciones.
Las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria también son la causa última que obligará al Gobierno a emprender una nueva reforma del sistema público de pensiones.
Es, de hecho, una de las condiciones planteadas por la Unión Europea para poder acceder a los fondos europeos para la reconstrucción.
De modo que para averiguar cómo será esa reforma hay que recurrir al documento (muy generalista) que el Ejecutivo ya ha remitido a Bruselas y que, fundamentalmente, pretende endurecer las condiciones para acceder a la pensión pública completa y que recoge la mayor parte de las propuestas planteadas por el Pacto de Toledo.
Esta nueva reforma de las pensiones tiene como pilar fundamental las penalizaciones a las prejubilaciones o jubilaciones anticipadas, que según estimaciones del Ministerio cuestan a las arcas públicas 8.200 millones de euros anuales al anticiparse a la edad real de jubilación y, por tanto, no cotizar esos últimos años.
Penalizaciones a las prejubilaciones
Actualmente, la edad efectiva de jubilación se sitúa en los 64,6 años, mientras que la edad legal de jubilación es de 65 años y 8 meses para quienes hayan cotizado menos de 36 años y 9 meses y de 65 años para quienes superen el anterior umbral.
Esto provoca una ausencia de cotización en los últimos años para aquellos que optan por la prejubilación.En definitiva, el Estado pasa de dejar de ingresar por esas cotizaciones sociales a pagar antes de tiempo las pensiones de jubilación. Esto es precisamente lo que quiere evitar el Gobierno en la nueva reforma de las pensiones.
Para ello, Escrivá ha confesado que las reformas de las pensiones irán orientadas a “inducir a las personas a trabajar más en la medida que la salud se lo permite y facilitar fórmulas mixtas para compatibilizar la pensión con el trabajo».
El sistema que está barajando el Gobierno para penalizar las prejubilaciones consiste en el incremento de los coeficientes reductores aplicados a las jubilaciones anticipadas. De este modo, por cada año que se le gane a la edad real de retiro de los trabajadores, se reducirá un 25% el déficit de la Seguridad Social, es decir, se recaudarían 4.500 millones más.
Reducir las pensiones anticipadas
El Gobierno quiere penalizar aún más el retiro anticipado. Todavía será posible jubilarse dos años antes de la edad vigente en ese momento pero el Ejecutivo aboga por........Dicho de otro modo, se establecerán cambios en los coeficientes reductores (penalizadores) «para eliminar distorsiones».
De estas penalizaciones, podrían escaparse los trabajadores que hubieran cotizado más de 40 años, según el acuerdo al que parece haber llegado la presidenta de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio con la Asociación de Jubilados con más de 40 años cotizados (Asjubi40).
Asimismo, también se pretende llevar a cabo políticas para corregir las distorsiones en el acceso a las jubilaciones anticipadas, que benefician a los trabajadores de mayor renta. En este sentido, se pretende hacer menos atractivas las jubilaciones para los salarios más altos.
Fomentar el retraso de la jubilación
Por otro lado, el Ejecutivo también quiere aumentar el número de cotizantes que decide seguir trabajando una vez alcanzada la edad de jubilación.
Así, estudia establecer un incentivo del 4% por cada año de retraso aunque con ello se supere la pensión máxima establecida por Ley. Este incentivo podrá cobrarse como un porcentaje adicional de por vida o en un pago único al jubilarse.
Para evitar que las empresas recurran a las jubilaciones anticipadas, se establecerán también beneficios para las que conserven en sus plantillas los trabajadores de mayor edad.
Incentivar alargar la edad activa de empleo
En paralelo a esas penalizaciones a las jubilaciones anticipadas, el Gobierno maneja la creación de incentivos a aquellos trabajadores que quieran retrasar su jubilación y seguir trabajando, siempre que su salud se lo permita.
En este sentido, el ministro de Seguridad Social ha apuntado que esos incentivos al empleo y la prolongación de la vida profesional aportarán al trabajador una pensión de mayor importe y un importante ahorro para Seguridad Social y empresas.
Actualmente, ya existen incentivos para los trabajadores que quieren alargar la edad de jubilación. En concreto, se les aplica entre un 2% y un 4% sobre la base reguladora de su pensión por cada año que el trabajador permanezca en activo, una vez cumplida su edad legal de jubilación. Estos incentivos distan mucho de los existentes en Portugal con un 12%; Reino Unido con un 10,4%; Alemania con un 6% o Francia con un 5%.
Asimismo, se permite compatibilizar el cobro de una pensión de jubilación con la realización de cualquier trabajo tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, siempre que el trabajador haya cotizado lo suficiente para recibir el 100% de su pensión.
Así, cobrará el 50% de su prestación reconocida y el 100% si es trabajador autónomo y contrata a un trabajador. De llevar a cabo estos incentivos, según estimaciones de la AiRef, por cada año que se consiga aumentar la edad efectiva de jubilación, se pueden ahorra hasta 1,2 puntos del PIB.
Revalorización en la nueva reforma de las pensiones
Otro de los puntos clave en la nueva reforma de las pensiones es la revalorización de éstas que el Gobierno ha dejado plasmada en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y que supone la revalorización de las pensiones en función del IPC.
Ya en 2021, dicha revalorización ha sido del 0,9% con un gasto para las arcas públicas de 1.400 millones de euros al año.
Para próximos años, el Ministerio de Seguridad Social podría estar valorando que la revalorización de las pensiones futuras esté ligada a una media de la inflación de varios años.
Cuentan con dos propuestas: una que incluye una revalorización de las pensiones contando con el IPC de los tres últimos años y en el caso del último año se aplicaría el IPC de enero a noviembre por la necesidad de tener una cifra de revalorización antes de que arranque el año al que se va a aplicar la subida que debe incluirse en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y una segunda propuesta con una revalorización de las pensiones en base a la media de los últimos cinco años: los cuatro anteriores al que se va a aplicar la revalorización, con IPC reales, y el quinto sobre la previsión de la inflación que el Gobierno determine para ese año.
El problema de ambas propuestas es que se incluirían en el cálculo los IPC negativos y que las pensiones se revalorizan al mismo nivel que la inflación, pero nunca por encima, lo que impide a los beneficiarios ganar poder adquisitivo. Además, no sería necesario buscar un mecanismo para compensar la diferencia entre lo abonado desde el inicio de año y el comportamiento real de la inflación, lo que se llamaba la "paguilla" de los pensionistas de enero.
Esta reforma, la de la revalorización de las pensiones al IPC conlleva la derogación del Factor de Sostenibilidad (FS) y del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), sobre la que ya está trabajando el Gobierno después de haber presentado una Proposición no de Ley para derogar ambos.
Vincular las pensiones a la esperanza de vida .- Otro de los cambios a incluir en el sistema de pensiones sería incluir un nuevo mecanismo intergeneracional, que dejaría la puerta abierta a que, por ejemplo la edad de jubilación en cada momento aumente si se eleva la esperanza de vida o disminuye la ratio entre ocupados y pensionistas, como está previsto que lo haga por razones demográficas.
O, igualmente, podría disminuir la cuantía inicial reconocida a las nuevas pensiones si se elevara la esperanza de vida o cayera la ratio de jubilados y trabajadores en activo, tal y como ya preveía el factor de sostenibilidad que Escrivá quiere ahora sustituir.
Asimismo, Escrivá ha anunciado recientemente su intención de seguir aumentando las bases de los que más pagan y, que incrementen sus aportaciones, pero al tiempo que sus pensiones (la máxima) no crezcan en la misma proporción.
Eliminar los límites de cotización de los trabajadores con sueldos más altos
Otro de los cambios a incluir en el sistema de pensiones sería eliminar, de manera progresiva, los límites en la cotización de los trabajadores con los salarios más altos. De esta forma, todo el salario que perciba el trabajador cotizaría a la Seguridad Social y, en paralelo, debería incrementar las pensiones máximas que reciben estos trabajadores para no romper la contributividad del sistema.
Utilizar los fondos del SEPE para el pago de pensiones
En las negociaciones para la reforma de las pensiones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere incluir la posibilidad de utilizar 12.000 millones de euros procedentes de cotizaciones sociales, que actualmente maneja el SEPE para el pago de las pensiones.
Concretamente, se prevé derivar tres puntos porcentuales de la cotización que realizan los trabajadores al SEPE hacia contingencias comunes, que es la aportación que ingresa la Seguridad Social y con las que se sufragan las pensiones en nuestro país.
Esta medida llegaría en un momento muy delicado para las arcas del SEPE, debido al aumento del pago de prestaciones por desempleo provocadas por la crisis del Coronavirus (COVID-19). No en vano, la factura del desempleo, incluyendo prestaciones a parados y ERTES, rozará los 45.000 millones de euros, más del doble de lo gastado en 2019, cuando las ayudas a desempleados y afectados por ERTE costaron 19.000 millones de euros.
Siguiendo con la línea de evitar que la Seguridad Social deje de abonar gastos que le son impropios por ser universales y que hasta ahora se financiaban con cotizaciones sociales, los Presupuestos Generales del Estado 2021 prevén transferencias del Estado que se elevarán a 31.177 millones de euros, un 83% respecto a 2020.
Pensión de viudedad también para las parejas de hecho
El Gobierno podría estar barajando la posibilidad de que las parejas de hecho, debidamente inscritas también tengan derecho a la pensión de viudedad respecto de su pareja fallecida.
Actualmente, este derecho sólo lo tienen las personas unidas en matrimonio, pero con esta modificación aquellas que sean pareja de hecho también accederían a esta pensión. Por el contrario, también se está estudiando reformar las pensiones de viudedad para adaptarlas a la nueva realidad del momento social.
El principal cambio vendría en el método de cálculo de la pensión, que quedaría condicionado a la situación financiera de la unidad familiar en la que conviva el beneficiario de la paga. Además, se plantea que otros factores como la edad o las cargas familiares también se tengan en cuenta a la hora de calcular la prestación.
Compensación por periodos no cotizados tras tener o adoptar un hijo
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado que se va a llevar a cabo una reforma en el sistema de pensiones para compensar la pensión por los periodos de baja o nula cotización tras tener o adoptar un hijo.
Esta reforma, que podría entrar en vigor en 2021, permitirá que, a la hora de jubilarse se verá la vida laboral y se aplicarán unos coeficientes compensatorios a esos periodos sin cotizar tras tener o adoptar hijos que elevarán el importe de la pensión. Con esta medida, se pretende reducir la brecha de género entre las pensiones de hombres y mujeres.
Y esto teniendo en cuenta que, desde 2016, las mujeres pensionistas cobran un suplemento del 5% por haber tenido un hijo; del 10% por haber tenido dos o tres hijos y del 15% si ha tenido más de cuatro hijos, suplemento que no cobran los hombres.
Eliminar las lagunas de cotización de trabajadores autónomos y agrarios
En los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se ha incorporado la enmienda para eliminar las lagunas de cotización de trabajadores autónomos y agrarios.
La enmienda propone incluir una disposición final nueva en la que se pide al Gobierno que inicie los trabajos y consultas necesarias para realizar «las reformas normativas que supriman la situación discriminatoria que sufren autónomos y trabajadores agrarios, incluidos los asalariados» en referencia a lo que el texto propuesto denomina como lagunas de cotización a efectos del cálculo de la pensión de jubilación que se aplica en el Régimen General.
Para ello, propone que a estos colectivos se les apliquen los mismos o equivalentes mecanismos a los previstos para la integración de lagunas de cotización en el Régimen General de Seguridad Social.
Nuevo complemento de maternidad
Dentro de las reformas a llevar a cabo, la que parece estar casi definida es la de la creación de un nuevo complemento de maternidad que buscará cerrar la brecha de género en pensiones existente en el sistema por un diseño inadecuado mediante el que se compensará la pensión por los periodos de baja o nula cotización tras tener o adoptar un hijo, después de que el Tribunal de Justicia de la UE considerase que discrimina a los hombres.
Retraso en la edad de jubilación hasta llegar a los 67 años en 2027
La edad de jubilación continuará retrasándose dos meses cada año hasta llegar a los 67 años en 2027. Así, en 2021, la edad de jubilación será a los 66 años para los trabajadores que tengan cotizados menos de 37 años y 3 meses y a los 65 años para quienes superen ese umbral. Además de la desincentivación a las prejubilaciones, el Pacto de Toledo abordará la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero; la integración y convergencia de regímenes para garantizar los derechos y las obligaciones de los trabajadores autónomos; fomentar los planes colectivos de pensiones; sacar del sistema «gastos impropios» y contar con un marco estable que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.
Entrada en vigor de la nueva reforma de las pensiones
La nueva reforma de las pensiones no entrará en vigor, previsiblemente, hasta mediados de 2021. Actualmente, el Pacto de Toledo está en plenas negociaciones con patronal y sindicatos por lo que el texto definitivo y su conversión en Ley retrasará aun unos meses su entrada en vigor.
Bruselas presiona para la reforma
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social aclaran que este tipo de cuestiones están en revisión y, en cualquier caso, se hablarán con los agentes sociales.Existe una posibilidad de que este impacto pueda ser corregido con la opción de que el trabajador pueda descartar del cálculo algunos años especialmente malos de cotización o incluso agujeros que ha podido tener por un periodo de desempleo o de situación de precariedad máxima.
El documento final que se enviará a Bruselas no está, por tanto, cerrado, según estas fuentes, el ministerio de Escrivá insisten en que no van a hablar oficialmente de textos que se puedan manejar hasta que no esté el definitivo y se hable con los agentes sociales.
Sin embargo, la Unión Europea exige que se envíen con claridad tanto las reformas previstas como su impacto real, por eso el documento que se ha trabajado internamente en el Gobierno tiene ese cálculo explícito de la bajada del 5,45% de la pensión media.
Se proponen otras fórmulas para solucionar el problema del aumento del gasto en pensiones, en particular el aumento de los ingresos para que cuadren las cifras, vía impuestos, y, sobre todo, quitando el tope de las cotizaciones máximas (ahora en 4.070 euros mensuales).
Sin embargo, en el Gobierno, y en especial en el equipo económico liderado por Nadia Calviño, tienen muy claro que hay que dar garantías a Bruselas para lograr que llegue sin problemas el dinero esperado del fondo de recuperación.
España ya ha presupuestado ese dinero, y de hecho el Gobierno está avanzando 27.000 millones de euros este año a cuenta de esa ayuda de 72.000 en tres años que llegará de Bruselas.
Por tanto, reformas de este tipo, como la de las pensiones, cuentan con el respaldo de La Moncloa y lo más probable es que la semana que viene se envíe a Bruselas un documento que contenga estas polémicas novedades.
A partir de ahí, lo difícil será llegar a un acuerdo en España para llevar adelante una reforma así.
“Una forma molt personal d’entendre les empreses i els emprenedors”
Llav@-neres
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