Las empresas que paguen en negro a los beneficiarios deberán ayudarlos a devolver la prestación estafada.

Debido a la crisis que está afectando a la economía española por el COVID-19, y muy especialmente a Pymes y autónomos, es previsible que muchos empresarios y profesionales se puedan ver o se estén viendo en la situación de no poder hacer frente al pago de sus deudas, es decir ante una situación de insolvencia.

La pasada semana el Gobierno aprobó la extensión de la vigencia de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio, una fecha que podría también marcar la vigencia mínima de la prestación extraordinaria por cese de la actividad para los autónomos, bien por una prórroga de la prestación similar a la de los ERTE, bien por la propia prórroga del estado de alarma.