La lucha contra la 'piratería' informática va más allá del control sobre la venta de programas copiados sin autorización. El uso de programas propietarios sin el pago de la correspondiente licencia se extiende a empresas que usan dichos programas para producir sus bienes o servicios. ¿Qué consecuencias tiene esta práctica? ¿Merece la pena el riesgo que se asume?.
Este comportamiento habitual tanto en particulares como empresas, conllevará la suspensión de las actividades de la empresa infractora por un plazo máximo de cinco años. Y lo más grave aún, podrá hablarse de la disolución de la empresa que cometa la ilegalidad para poder llevar a cabo cualquier clase de actividad.
La entrada en vigor del Nuevo Código Penal el próximo 1 de julio impone sanciones graves tanto para los individuos físicos como jurídicos que utilicen programas pirata (software ilegal).
A tal efecto, la BSA (The Software Alliance) está llevando a cabo una campaña informativa en la que especifica el tipo de sanciones a las que se exponen las empresas que trabajen con software sin licencia.
Entre las sanciones más graves, destacan las siguientes:
• Multas de hasta 280.000 €.
• Suspensión de hasta 5 años de la actividad de la empresa.
• Inhabilitación de hasta 15 años para todo tipo de actividades relacionadas con el sector público: Contratación, obtención de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social y acceso a subvenciones y ayudas públicas.
• Para los administradores de la empresa, puede haber cárcel de hasta 4 años y multas de importe similar a las de empresa.
Y otro gran problema; empleado despedido, enfadado etc.; la denuncia de uso de programas piratas tienen recompensas.
En materia de falsificación, todavía es la denuncia que permite a los editores detectar a las empresas que utilizan programas fraudulosamente.
Las asociaciones de editores de programas no dudan en alentar la política de la denuncia en las empresas. Así, la SIAA (Software & Information Industry Association) ofrece una recompensa a las personas que denuncian el uso de programas piratas en una empresa.
La poderosa asociación SIAA no duda en ofrecer grandes recompensas a sus informadores, una recompensa puede ser de hasta más de un millón de dólares (más de 730 000 euros) según la información proporcionada.
Pero lo que estas empresas que utilizan software ilegal desconocen, o no quieren conocer, son los riesgos reales a los que se enfrentan.
Son fundamentalmente dos:
1. Seguridad de la empresa, de la información que maneja y de la protección frente a ataques de virus informáticos y malware (las compañías que usan software ilegal están expuestas en un 73% a la pérdida de datos de negocio y en un 43% a tener fallos críticos).
Cuando hablamos de peligro en la seguridad de la empresa por uso de software ilegal, nos referimos a riesgos de diversos tipos, como pérdida en la seguridad del almacenamiento de información, falta de protección contra virus y malware contraído al instalarlo, así como ausencia de actualizaciones de los programas y de soporte técnico. La distribución de programas sin licencia se está concentrando últimamente en el ámbito de Internet; su descarga desde la Red está provocando infección por virus y código malicioso.
2. El coste del supuesto ahorro. Realmente las empresas no están ahorrando por no adquirir los programas necesarios para su negocio de forma legal.
Actualmente existen fórmulas de financiación adecuadas a cualquier bolsillo y, desde que la nube es una realidad, se ha reducido mucho el coste de los programas, ya que no precisan instalación local en los ordenadores de las empresas.
Uno de cada tres usuarios que solían adquirir programas legales para sus empresas en modo on-premise (compra de la caja con el programa informático) se ha pasado ya al modelo de “suscripción o adquisición” de licencias, tras haber constatado que el ahorro de costes que le supone, la previsión financiera que le permite y la flexibilidad que le proporciona a la hora de crecer en su negocio, le compensa con creces.
Según el último estudio del IDC, el 45% del software instalado en ordenadores españoles es ilegal (sin licencia). Estas cifras ascienden hasta el 60% en el caso de Andalucía.
A modo de conclusión, ¿merece la pena arriesgar el futuro de nuestra pyme por un supuesto ahorro?.
Una forma molt personal d’entendre les empreses i els emprenedors